Acceso a la justicia a poblaciones vulnerables – Personas af

16 T-1090 de 2005 Corte Constitucional Discriminación en el acceso a lugares abiertos al público “buscan el amparo del derecho de las minorías étnicas a ser consultadas sobre las decisiones susceptibles de afectarlas es el que tiene que ver con la manera en que las consultas contribuyen a preservar su integridad étnica, social, económica y cultural y su subsistencia como grupo humano” (CC T-576 de 2014). De manera similar, la Corte Suprema ha conceptuado que “a la luz del principio de prevención en materia ambiental”, situaciones que “evidencian un posible perjuicio irreparable para las comunidades” por afectaciones ambientales dentro de su terri- torio “exigen la adopción de medidas inmediatas para evitar que el daño persista y sin perjuicio del uso de los mecanismos ordinarios dentro de la oportunidad indicada en el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991” (STC 9813 de 2016). Adicionalmente, la Corte Constitucional ha señalado que “la acción de in- constitucionalidad, es pues el mecanismo constitucional por excelencia para solici- tar dejar sin efecto las leyes creadas por el Congreso y aprobadas por el Gobierno, en las que no hubo representación ni participación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras” (CC T-604 de 2015). Esto pues “es al interior del procedimiento establecido para estas deman- das, el escenario natural para determinar si el legislador erró al promulgar dichas normas, decisión que, por su misma complejidad, exige acucioso y ponderado análisis bajo la óptica de ordenamientos especializados, expresamente sometidos por el sistema jurídico a ciertas formas y procedimientos” (CC T-604 de 2015). Finalmente, en virtud de las obligaciones contraídas por la Convención In- ternacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, el Congreso de la República expidió la Ley Antidiscriminación (Ley 1482 de 2011), y desarrolló medidas puntuales de protección frente a actos discriminatorios por motivos de raza, a partir de la modificación del Código Penal con el objeto de “garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo que son vulnerados a través de actos de racismo o discrimi- nación” (CC C-282 de 2013 citando el artículo 1 de la Ley 1482 de 2011) .