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Presentación El Consejo de Estado colombiano fue creado por Simón Bolívar en 1817 como un órgano consultivo del gobierno. Su función consistía en asesorar al jefe de Estado sobre los proyectos de ley y reglamento que regulaban la vida nacional. Con la Constitución de 1886, se observó la necesidad de que existiera, además de un órgano consultivo, un cuerpo de jueces que controlara la actividad del Estado y resolviera sus demandas. Cuando se firmó el Acto Legislativo 3 de 1910 y el Decreto Legislativo de 1914, desarrollados por las Leyes 130 de 1913 y 6ª de 1914, respectivamente, el Consejo de Estado se convirtió en el juez especializado para resolver las demandas contra el Estado. Desde entonces, esta Corporación, además de ser el Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno Nacional, funge como Tribunal Supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo. A partir de la Constitución de 1991 las funciones del Consejo de Estado se incrementaron y fortalecieron, en aras de brindar mayores garantías a las personas. Es por eso que hoy actúa también como juez constitucional, porque conoce de acciones de tutela y revisa si los actos generales proferidos por el Gobierno Nacional –diferentes a los que tienen fuerza de ley- se ajustan a la Constitución; es “juez de masas”, pues se encarga de resolver las acciones populares, esto es, las que tienen como objeto la protección de los derechos colectivos; asimismo es el juez que controla el actuar de los congresistas mediante la acción de pérdida de investidura. Sin embargo, la Corporación es consciente del poco conocimiento que la comunidad tiene de sus jueces y de la manera como su labor protege constantemente los derechos de las personas y garantiza la paz y la convivencia de la sociedad. Esa fue la razón que motivó a publicar la presente cartilla. Durante los últimos años, el Consejo de Estado trabaja de manera comprometida por fortalecer el servicio de administración de justicia y la labor consultiva que se le ha encomendado, mediante la realización de proyectos que buscan acercar su labor a la comunidad, dar a conocer los derechos de los ciudadanos, controlar las arbitrariedades de la Administración Pública y fomentar la ética y la transparencia en la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.