Informe final de la Comisión de la Verdad, sobre los hechos del Palacio de Justicia

Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera Vergara, Nilson Pinilla Pinilla 93 Usted tiene un plazo de 90 días a partir de la fecha de presentación… y si se pasa un día sin que haya habido pronunciamiento, damos por hecho que usted acepta nuestra declaración de guerra. De manera que si usted ha pensado algún día en hacerse héroe mártir, aquí tiene una bella oportunidad para lograrlo. Sin que ella excluya de manera alguna a ninguno de los miembros de su familia. Si por algún motivo usted llega a pensar que esto no pasará de ser un anónimo más o un insulto más, entonces para que no piense que así es entraremos a explicarle lo siguiente: En los próximos días ejecutaremos a un prestigioso abogado en de- mostración exclusiva para usted de lo que son nuestras capacidades y de lo decididos que nos encontramos. Lo reivindicaremos a nombre de un grupo que no ha aparecido nunca en el escenario nacional y cuyo nombre está compuesto por estas 4 letras: UARG, las que obviamente están en desorden. Si usted es una persona inteligente y sensata, seguirá al pie de la letra nuestras instrucciones y guardará silencio y prudencia. Si usted en cambio es obsesionado, terco y poco inteligente, habrá escogido en- tonces el futuro de su propio destino y el destino de su propia familia! No aceptamos nada que se salga de nuestras condiciones y exigencias. absolutamente nada, porque usted en una demanda anterior ya traicionó a la patria y se vendió al imperialismo americano. Tenga prudencia, guarde silencio y espere si quiere salir bien librado. 24. La ponencia sobre el examen de constitucionalidad de la ley apro- batoria del tratado de extradición debía ser debatida primero en Sala Constitucional y luego en Sala Plena, por lo cual todos los magistrados de Corte debían adoptar la decisión definitiva. 25. De manera análoga, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema, a raíz de la reanudación del mecanismo de extradición a los Estados Unidos de narcotraficantes colombianos después del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, ocurrido en abril de 1984, y de su respon- sabilidad de conceptuar en el marco de dicho procedimiento, también eran objeto de constantes amenazas.