Informe final de la Comisión de la Verdad, sobre los hechos del Palacio de Justicia

331 La responsabilidad institucional del gobierno Y en vista de que el Presidente no daba la orden de alto al fuego, las evasivas que encontramos, resolvimos irnos, pero antes le dije: “Si usted no lo hace, la historia será muy dura con usted. Lo juzgará muy duramente”. 1 Responsabilidad derivada del deber de prevención a cargo del Estado 1. Tal como ya se dijo, las autoridades tenían pleno conocimiento de las amenazas de Los Extraditables a magistrados de la Corte Suprema, las cuales habían determinado la realización de un Consejo de Seguridad Nacional y la adopción de ciertas medidas de protección que al momento de la toma del Palacio brillaron por su ausencia. 2. Así mismo, la opinión pública conoció, por la información divulgada el 16 de octubre de 1985 por el propio ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, la existencia de los planes del M-19 para tomarse la sede máxi- ma del poder judicial. Con base en dicha información, el Comandante de la Brigada XIII y el Comandante Operativo de la Policía de Bogotá alertaron a las unidades militares, a la Policía y al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) el 17 de octubre de 1985 sobre la posible acción violenta del grupo guerrillero. 3. A su turno, el Presidente de la República se enteró del proyecto del M-19 de tomarse el Palacio de Justicia en el Consejo de Seguridad donde 1 Palabras del magistrado Manuel Enrique Daza Álvarez en entrevista con la Comisión de la Verdad, al relatar la reunión que sostuvieron los magistrados Hernando Baquero Borda, José Ale- jandro Bonivento Fernández,Luis Enrique Aldana Rozo y Héctor Gómez Uribe con el presidente Betancur el 7 de noviembre de 1985 a las 9:30 a.m. para pedirle el cese al fuego en el Palacio.