Informe final de la Comisión de la Verdad, sobre los hechos del Palacio de Justicia

Informe final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia 292 61. La Comisión de Acusación aprobó el 18 de julio de 1986 la po- nencia presentada por los representantes a la Cámara Carlos Mauro Hoyos Jiménez, Horacio Serpa Uribe y Darío Alberto Ordóñez Ortega, mediante la cual se ordenó el archivo del expediente por no encontrar violatorias de norma alguna las conductas desplegadas por el Presidente y su Ministro de Defensa. Para los congresistas, la decisión de no negociar adoptada por el Presidente constituía un típico acto de gobierno, con el cual se podía estar o no de acuerdo, mas no podía ser objeto de calificación penal porque fue un “acto propio de sus funciones, una decisión gubernamental, asumida de buena fe, en el entendido de estar favoreciendo los altos intereses de la Pa- tria, cuestión que nadie, ni siquiera los más encarnizados enemigos de la forma como se trató el asunto del Palacio de Justicia, han puesto en duda”. 62. El 3 de diciembre de 1986, Juan Manuel López Caballero y otros ciudadanos instauraron una denuncia en contra del ex presidente Belisario Betancur y sus ministros de Gobierno, Justicia y Defensa por los hechos acaecidos el 6 y 7 de noviembre de 1985. Los principales hechos que fun- damentaron la denuncia de López Caballero fueron las siguientes: (i) El gobierno sin hacer ninguna evaluación del riesgo que corrían los civiles, ordenó la toma a sangre y fuego del Palacio, (ii) el gobierno no realizó ningún programa de acción que tuviera como objetivo el preservar la vida de los civiles atrapados por la guerrilla, (iii) el ataque por medio de rockets causó el incendio donde probablemente murieron varios de los civiles inocentes atrapados en la batalla y donde se destru- yeron buena parte de los archivos del Consejo y de la Corte, (iv) a pesar de que era evidente que el ataque estaba produciendo e iba a producir más muertos y heridos en la población inocente el Gobierno decidió no suspenderlo, (iv) las fuerzas oficiales, con la complicidad del silencio del Gobierno, impidieron las diferentes oportunidades de mediación que se presentaron destinadas únicamente a preservar la vida de los inocentes involucrados en estos acontecimientos. 22 63. Esta denuncia también fue archivada por parte de la Comisión de Acusación el 18 de julio de 1990, previa ponencia de los representantes Carlos Espinosa Faciolince, Carlos Pineda Chillán y HernánMotta Motta, la cual argumentó que la dirección del operativo militar estuvo a cargo del general Arias Cabrales, quien sería el encargado de responder ante la jus- 22 López Caballero, óp. cit., p. 16.